Chiclayo en Línea.- La Defensoría del Pueblo advirtió sobre graves irregularidades que están afectando el derecho a una educación pública gratuita durante el proceso de matrícula escolar 2026. La institución supervisó 504 instituciones educativas públicas y 12 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) en diversas regiones del país, detectando cobros indebidos, trámites ilegales y serias fallas en la implementación de la matrícula digital.

Uno de los problemas más preocupantes es la exigencia de pagos indebidos a las familias. Pese a que la normativa establece que la cuota ordinaria de Apafa debe pagarse recién desde abril, más de la mitad de los colegios supervisados (270) estaba realizando el cobro durante el proceso de matrícula. En 22 instituciones educativas incluso se exigieron montos superiores al límite legal del 1.5 % de la UIT (82.50 soles) y se registraron cobros que iban desde los 100 hasta más de 200 soles. La mitad de estos casos se concentró en La Libertad, lo que evidencia una práctica que golpea directamente la economía de las familias.

La supervisión también detectó prácticas discriminatorias y trabas administrativas injustificadas. En 32 colegios se aplicaban evaluaciones de ingreso a estudiantes o a sus familias, a pesar de que esta práctica está prohibida. Estos casos se registraron principalmente en Ayacucho, Puno, Lima y Áncash. Además, cerca de una quinta parte de las instituciones educativas supervisadas (95) no cuenta con criterios claros de admisión, lo que deja el acceso a las vacantes sujeto a decisiones arbitrarias.

Asimismo, se advirtió una excesiva burocracia en el proceso de matrícula. En más de un tercio de los colegios supervisados (183) se exigieron documentos que la normativa no contempla, como libretas de notas, certificados de estudios o cartillas de vacunación. Esta situación se registró con mayor frecuencia en regiones como Ayacucho, Tumbes, Junín, La Libertad, Puno y Ucayali. Estas exigencias también afectaron a estudiantes extranjeros en 49 colegios, y en ocho instituciones incluso se negó la matrícula a menores sin documento de identidad, pese a que la normativa permite utilizar una declaración jurada.

Otro dato que genera preocupación es la situación de estudiantes que abandonaron la escuela. De 1575 alumnos que dejaron de asistir en 2025 tras acumular más de 60 días de inasistencia, menos de la mitad logró reincorporarse al sistema educativo en este proceso de matrícula. Esto significa que 859 niños y adolescentes siguen fuera de las aulas, en una situación de alta vulnerabilidad.

La supervisión también evidenció serias dificultades en la implementación de la matrícula digital. Tras la primera etapa del proceso, ocho UGEL reportaron solicitudes aún pendientes de atención, y cinco de ellas concentran más de 46 mil solicitudes acumuladas, lo que refleja retrasos significativos en la atención a las familias. A ello se suma que la falta de puntos de atención presencial está limitando el acceso al sistema: una UGEL no habilitó ningún punto de apoyo y otras tres solo contaban con uno.

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio de Educación (Minedu) que adopte medidas inmediatas para garantizar que el proceso de matrícula se realice sin cobros indebidos, sin discriminación y sin barreras burocráticas. Para ello, es fundamental fortalecer el monitoreo y la asistencia técnica a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y a las UGEL, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en todo el país.

Asimismo, respecto a la matrícula digital, la institución considera indispensable evaluar a profundidad los problemas detectados en esta primera experiencia en las 20 UGEL focalizadas, identificar las causas de las fallas y corregir los problemas estructurales antes de continuar con su expansión.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de seguir vigilando que el derecho a la educación se respete plenamente, y recuerda que ningún niño o adolescente puede quedar fuera de la escuela por cobros indebidos, trámites arbitrarios o fallas del sistema educativo.(NP- foto Defensoría)