Comisión Permanente del Congreso aprueba acusación constitucional contra Edgar Alarcón

Viernes, 5 Marzo 2021 - 6:15pm

Chiclayo en Línea.- La Comisión Permanente aprobó hoy acusar constitucionalmente a Edgar Alarcón en su calidad de excontralor, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado en agravio del Estado.

Dicha acusación fue apoyada por 18 votos a favor, 2  en contra y  7 abstenciones.

Posteriormente, se eligió a la congresista Felícita Tocto para presidir la comisión acusadora contra Alarcón ante el Pleno del Congreso.

Como se recuerda, la denuncia fue formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el excontralor Edgar Alarcón, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado, previsto en el artículo 401 del Código Penal.

Sustentación

Durante la sesión, la congresista Felicita Tocto fue la encargada de sustentar el informe final de la denuncia constitucional 317, donde indicó que se comprobaron estos hechos a través de un estudio de las declaraciones juradas del actual congresista por UPP.

"Nos demuestra la falta de transparencia y formalidad de algunas irregularidades administrativas como no declarar ante Sunat y la Contraloría el monto de 201,337 soles", señaló.

Asimismo, precisó que se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento de capital es notoriamente superior al que tuvo a su sueldo o de incrementos de capital o ingresos de capital lícita.

"Habría incrementando injustificada e ilegalmente su patrimonio, cuando fue requerido para que justifique no pudo subsanar, mientras que el agravante, es que el denunciado fue un alto funcionario que ocupo un alto cargo como contralor y tiene antejuicio", añadió.

Defensa

Para hacer efectivo su derecho a la defensa, Alarcón Tejada, señaló que las acusaciones en su contra "carecen de sustento" y que el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales "es una copia de la denuncia del Ministerio Público".

En ese sentido, explicó que las normas de control obligan a todos los funcionarios a declarar al inicio de sus actividades y al final de las mismas sus bienes, "pero no se colocan los movimientos (de capital) en el año en cuestión" por lo que no ejerció algún tipo de actividad lucrativa.

Además, aseguró que la fiscalía quiere sustentar "de manera maquiavélica" un supuesto desbalance patrimonial, siendo que el ingreso de "supuestos depósitos desconocidos" fueron hechos por personas que están debidamente reconocidas.(Fuente Andina)

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