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Chiclayo en Línea.- La Contraloría General de la República desplegó a 155 auditores durante la inspección de 31 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, como parte de su “Estrategia de Control a la Emergencia Sanitaria COVID-19”, y comprobó que en más de 20 penales no se contaba con equipos médicos en sus ambientes de salud para atender los casos por COVID-19 entre los internos y afrontar la expansión de la enfermedad.
El operativo consistió en inspeccionar 31 de los 68 establecimientos penitenciarios que existen en todas las regiones del Perú para verificar la implementación de medidas de bioseguridad a fin de reforzar el sistema de prevención y contención frente al COVID-19; la gestión y manejo de los residuos sólidos en estos lugares; y la gestión sanitaria y capacidad de respuesta ante la pandemia del coronavirus en el primer nivel de atención.
Como resultado de esta inspección se emitieron 93 informes de control, en las cuales se detectaron 306 situaciones adversas, de las cuales el 52% (157) están relacionadas a gestión sanitaria al interior de los penales, 27% (84) a la gestión de residuos sólidos y 21% (65) a la implementación de medidas de bioseguridad.
A nivel regional, la mayor cantidad de situaciones adversas se registraron en los establecimientos penitenciarios de Lima y Callao con 60, seguido de 25 situaciones adversas detectadas en penales de Puno, San Martín con 20, Lambayeque con 17, Arequipa con 15, Junín y Huancavelica con 14 cada una, Ica con 12, Tumbes y Cusco con 11 cada una, y Piura, La Libertad y Ayacucho con diez cada una.
Deficiencias en gestión sanitaria
Como se puede ver en los informes de visita de control emitidos y publicados en la web de la CGR, del total de hechos identificados en materia de gestión sanitaria se pudo verificar que 21 establecimientos penitenciarios tienen sus respectivos establecimientos de salud sin equipamiento médico adecuado, tales como coches de paro cardiaco, desfibriladores, entre otros, lo que genera el riesgo de afectar la calidad de la atención a la población penitenciaria.
Otro hecho fue que en 15 establecimientos penitenciarios había un desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de enfermedades de la población penitenciaria, incluido el COVID-19, lo que puede afectar la ejecución oportuna de las acciones de prevención, control y respuesta sanitaria frente al contagio del coronavirus. En dos establecimientos penitenciarios se vio que sus áreas de farmacia tenían medicamentos y/o mascarillas N95 vencidas, lo que genera el riesgo de propagación de la enfermedad.
Los auditores también detectaron que dos establecimientos penitenciarios mantenían balones de oxígeno medicinal a la intemperie y otros estaban en la sala de espera de atención médica. En 17 penales se constató que sus establecimientos de salud no cuentan con transporte asistido de pacientes mediante ambulancias o éstas no cumplen los requerimientos mínimos, lo que pone en riesgo la seguridad y salud de los pacientes.
Asimismo, en nueve establecimientos de salud de penales, no se cumplen con los parámetros de separación o acondicionamiento del ambiente para el aislamiento de pacientes con COVID-19, lo que pone en riesgo la salud del personal y pacientes ante posibles contagios.
En tres establecimientos de salud de penales no se contaba con implementos de protección de bioseguridad tales como mascarillas N95, guantes, mandilones, entre otros; en ocho se detectó insuficiente personal para atención médico; en seis no se realizan actividades de salud ocupacional y salud ambiental, ni contaban con teléfonos fijos o móviles; y otros seis no tenían condiciones adecuadas para el acopio de residuos sólidos.
Riesgos en manejo de residuos sólidos
El operativo de la Contraloría reveló que en 15 establecimientos penitenciarios existe el riesgo de afectación al medio ambiente y propagación de enfermedades al no cumplirse las condiciones adecuadas de almacenamiento de residuos sólidos. En cinco establecimientos penitenciarios no se cuentan con implementos de seguridad y protección personal para los trabajadores a cargo de la recolección y transporte de los residuos sólidos, lo que pone en riesgo su salud.
En otros 25 establecimientos penitenciarios se genera el riesgo sanitario, ocupacional y ambiental debido a la falta de un plan o diagnóstico de manejo o reducción de residuos biocontaminados, así como por la demora en recojo de esos residuos, ya que se efectúa en lapsos mayores a los establecidos. En una cantidad similar de establecimientos penitenciarios no se realiza el registro de información en el Sistema para la Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL) y no cuentan con un responsable para dicha gestión.
Productos de bioseguridad sin registro sanitario
De los 31 establecimientos penitenciarios visitados, se advirtió que en nueve de ellos se genera el riesgo de contagio y propagación de COVID-19 al recibir productos de bioseguridad que no cuentan con registro sanitario y/o sin cumplir las características técnicas mínimas requeridas. Por ejemplo, se encontró alcohol en gel para manos de 4 litros sin registro sanitario y vencido desde marzo del presente año.
También se verificó que seis de ellos no vienen brindando implementos de bioseguridad al personal de seguridad y administrativo de los establecimientos penitenciarios; y en 10 no se están almacenando en condiciones adecuadas, situación que afecta la integridad y conservación de los mismos, consecuentemente posible afectación a la protección del personal penitenciario.
Finalmente, en 12 establecimientos penitenciarios no se vienen distribuyendo los implementos de seguridad de manera adecuada, al no consignar en los documentos que acreditan la recepción los datos correspondientes a las personas que recibieron dichos implementos, o algunos de dichos implementos fueron distribuidos sin efectuar registro de ingreso al almacén, situación que pone en riesgo el debido control y no permite garantizar que los implementos sean destinados a la prevención del COVID-19.
Los informes emitidos como parte de la labor de control realizada por los auditores de la Contraloría fueron notificados a los Directores de las Oficinas Regionales del INPE para que se adopten las acciones correctivas que correspondan.
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